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¡POR EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS!

tcgReproducimos el Comunicado del Taller por la Liberación de la Mujer “Célica Gómez”

La jueza de Familia, Pura Book, no permitió la interrupción del embarazo de una mujer en Soriano debido a la demanda de acción de amparo junto a la acción de inconstitucionalidad de la ley, presentadas ambas por el hombre con quien fue concebido el embarazo, a las que la jueza dio lugar adoptando medidas cautelares.

Este fallo no respeta la decisión de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y proceder a la interrupción del embarazo, ni su derecho a elegir voluntaria y libremente la maternidad, de tener hijos o no tenerlos. Este sistema capitalista, que desarrolla relaciones sociales patriarcales, nos asigna roles, de tal modo que no se admite el “no” a la maternidad por parte de una mujer.

Si bien este derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo no está plenamente consagrado en la actual ley de interrupción del embarazo (18.987) por todas las restricciones que presenta, el fallo judicial en cuestión ni siquiera reconoce lo que esta ley establece. Los argumentos que utiliza la jueza remiten a una supuesta “defensa de la vida” que refleja la concepción de los sectores más conservadores de la sociedad.

Uno de los argumentos de la jueza es “la defensa de la vida desde la concepción” aduciendo que es incompatible lo establecido por el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio de Derechos del Niño y la Constitución, por un lado, y lo establecido en la ley de interrupción del embarazo, por el otro, cuando en realidad no existe tal incompatibilidad. No es correcto decir que es persona el feto (y mucho menos asignarle un defensor de oficio) sino que tiene el “potencial” de serlo. El feto no puede sobrevivir independientemente del cuerpo de la mujer, es parte de ella. De este modo, el Pacto de San José de Costa Rica lo que hace es proteger a la mujer que está embarazada y a través de su protección al embrión que va a ser persona cuando nazca, fijando un derecho a la vida gradual y no absoluto equiparable al de las personas nacidas. Luego de una lucha tan ardua del movimiento de mujeres respecto a la legalización del aborto, parece insólito tener que volver sobre la discusión sobre desde cuándo se es persona y por tanto procede defender el derecho a la vida.

Otro de los argumentos de la jueza es que la mujer no cumplió con los requisitos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en base a ello suspendió los pasos para abortar, cuando en realidad sí los cumplió. Ocurre que el art. 3 de la ley deja abierta la puerta para estas interpretaciones ultraconservadoras, al exigir que la mujer debe informar al médico “las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”. Así, la jueza se basa en que la mujer no expuso las razones que le impiden continuar el embarazo. Acaso porque “trabaja, tiene ingresos, tiene otro hijo, vive sola con su hijo, en el fondo de la casa de sus padres, y no paga alquiler por dicho lugar” (tal como está expresado en la sentencia), ¿hay que imponerle ser madre?, ¿debe aportar la mujer una prueba de afectación psicológica para poder abortar? En este mismo sentido ella expresó: “Soy una persona sola e independiente y no cuento con apoyo económico de nadie. No tengo una pensión alimenticia formal. Tengo un hijo. Gano $22.000 o $23.000 y con los descuentos, es mucho menos. Uno tiene un millón de motivos y tiene que andar explicando en público”.

En este caso la mujer cumplió con el requisito, pero consideramos que si no lo hubiese hecho tiene que bastar con que ella manifieste no continuar con el embarazo sin tener que dar extensas fundamentaciones, como lo prevé la actual ley. Esto no implica un “pase libre” sino garantizar la libre elección sin cuestionamientos ni persuasiones.

Tampoco es cierto que el padre tenga un derecho lesionado, por eso no tiene legitimación para demandar, o que la mujer no haya presentado la historia clínica.

Es así que no hay “ilegitimidad manifiesta” que dé lugar a la acción de amparo presentada por el hombre ya que queda claro que el accionar de la mujer está bajo el marco legal internacional y nacional. Como bien se expresa en la sentencia, “el amparo es una garantía de los derechos humanos”, pero esta jueza parece que los olvida si se trata de mujeres, no respetando su auto-determinación.

Asimismo la acción de inconstitucionalidad de la ley, ya sea por la vía de excepción (solicitada ante el juez que entiende en una causa) o por vía de oficio (solicitada por el propio juez que entiende en la causa), tiene que ser elevarla a la Suprema Corte de Justicia para su estudio, suspendiendo el proceso pendiente (es una cuestión perjudicial), pero la jueza de igual modo dictó sentencia, por lo que tendría que anularse la misma.

Lamentablemente este fallo constituye un nefasto antecedente para seguir vulnerando los derechos de las mujeres. Esto se enmarca en un accionar del Poder Judicial que denunciamos está totalmente desprovisto de perspectiva de género, por lo que es una de las cuestiones que hacen al Estado y al gobierno responsable por la perpetuación de la violencia hacia las mujeres.

No nos olvidamos de que el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto a la ex Ministra de Salud Pública y actual de Educación, María Julia Muñoz, vetó el proyecto original de Ley de Salud Sexual y Reproductiva por el que se luchó desde el movimiento de mujeres. La ley que se terminó aprobando, fruto de la lucha, es muy distante de aquel proyecto original ya que mantiene el aborto como delito en el Código Penal. Muchas mujeres han quedado por fuera del plazo de las doce semanas por los obstáculos de la propia ley, que lesionan el derecho de la mujer a decidir, como el burocratismo, la suerte de “tribunal” por el que tiene que pasar la mujer al reunirse con el equipo interdisciplinario, los cinco días de “reflexión”, la objeción de conciencia, entre otros. Así, las mujeres terminan siendo duramente criminalizadas por abortar como ocurrió hace un tiempo en Maldonado, o muriendo en abortos clandestinos como el caso de la muchacha de 21 años en febrero de 2016.

En síntesis, rechazamos el desconocimiento de la Ley 18.987 y el hecho de que se reabra la discusión sobre la necesaria legalización del aborto. Pero también se demuestra que el movimiento de mujeres aún debe seguir luchando por una ley de aborto que no sea restrictiva, que no dé cabida ninguna a que el conservadurismo latente logre decidir sobre nuestros cuerpos.

¿Cómo explica el gobierno que en el Uruguay, donde supuestamente se legalizó el aborto, a una mujer se le impida abortar simplemente con un fallo judicial de una magistrada conservadora? ¡¡Basta de demagogia!!

Debido a los plazos judiciales, hoy la mujer, que tiene diez semanas de embarazo, puede quedar fuera del plazo de las doce semanas.

¡Exigimos la nulidad de la sentencia!
¡Toda la solidaridad y apoyo a la mujer cuyos derechos han sido vulnerados!
¡Basta de criminalizar a las mujeres por abortar y basta de muertas en abortos clandestinos!
¡Lucha y movilización por aborto legal, seguro, gratuito y sin restricciones para no sufrir ni morir!
Porque en camino hacia un nuevo 8 de Marzo, ¡vaya si seguiremos teniendo motivos por los que luchar!

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