El pueblo catalán se expresa, el Estado monárquico reprime
Todo el mundo ha visto la brutalidad de una monarquía que ha reprimido y utilizado la fuerza contra ciudadanos pacíficos que ejercían su derecho al voto, en una jornada que tuvo como saldo más de 800 heridos.
Tras esta deplorable jornada la naturaleza fascista del régimen queda expuesta como lo que es, una herencia del franquismo que fue un régimen genocida, que comenzó y acabó matando españoles de todas las nacionalidades.
El conflicto de Cataluña ha llegado a un punto crítico, y en eso es evidente la responsabilidad de Rajoy y el gobierno del Partido Popular (PP).
Debemos tener presente que desde hace años sectores de la burguesía catalana han utilizado el movimiento popular por la autodeterminación para ocultar sus casos de corrupción y su propia responsabilidad en la situación social y económica de Cataluña durante los últimos años.
Sin embargo, es el statu quo del gobierno central de Madrid, que incluye tanto al gobierno como al resto de los partidos y al poder judicial, que a través de la violencia desatada el pasado 1º de octubre contra los catalanes que pretendían decidir ellos su propio futuro, ha provocado que probablemente haya hoy en Cataluña más independentistas como nunca antes, y que para ellos el estado español sea sinónimo de autoritarismo y represión.
Esto se acentúa con las expresiones de Rajoy al final de la jornada del 1º de octubre, pretendiendo ignorar las votaciones masivas y justificando la salvaje represión desatada por la policía y la guardia civil.
La represión muestra la incapacidad del régimen monárquico de dar una respuesta democrática a la situación de Cataluña, así como tampoco debe ignorarse que el independentismo por si solo nos resuelve los problemas de las clases populares y ni de los trabajadores catalanes, lo cual se expresa en la deriva de 30 años de gobiernos nacionalistas.
Tanto el problema nacional catalán como las condiciones de vida de las clases populares, pasa por una solución de las cuestiones nacionales en el conjunto del estado español, que debe implicar un cambio de régimen en España, que abandone definitivamente la monarquía y las herencias del franquismo.
Desde luego que apoyamos al pueblo de Cataluña en su lucha por las libertades democráticas, incluido el derecho a la autodeterminación, y contra la represión que pueda aún desatarse sobre él.
Al mismo tiempo, apoyamos a todo el pueblo español, por un rechazo contundente a la deriva fascistizante del Estado que rompa con el régimen monárquico, que representa al gran capital monopolista y al capital financiero de un país imperialista.
Lamentamos la posición expresada por el gobierno uruguayo, que a través de declaraciones públicas del canciller Rodolfo Nin Novoa afirmando que la Constitución española establece que “España es una unidad política indivisible”, tomando así partido a favor del gobierno de Rajoy y del régimen monárquico, una postura que además de injerencista está profundamente reñida con la historia de nuestro pueblo.
Respaldamos firmemente el derecho del pueblo catalán a decir su propio futuro, a enfrentar al estado monárquico y su podredumbre heredada del franquismo, y exigimos al gobierno del Uruguay a que se retracte en su posición y defienda el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Montevideo, 2 de octubre de 2017
UNIDAD POPULAR
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CONDENAMOS LOS ASESINATOS DE CAMPESINOS Y LUCHADORES POLÍTICOS Y SOCIALES EN COLOMBIA
El proceso de paz culminado entre el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y las FARC-EP no ha determinado el cese de las incursiones represivas del Ejército y los grupos paramilitares, asesinando líderes sociales campesinos e incluso, militantes de las propias FARC.
Ha alcanzado especial repercusión la matanza de campesinos en el municipio de Tumaco, por parte del propio Ejército colombiano, con el resultado de 10 campesinos asesinados y otros heridos.
Desde hace meses, diferentes organizaciones sociales le han notificado al Gobierno, a la ONU y a la opinión pública, la violencia que la fuerza pública ejerce contra los campesinos, colonos, negros e indígenas que protestan por el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, surgidos del Punto IV del Acuerdo de La Habana. En septiembre pasado, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denunció la intensificación de operaciones violentas de erradicación forzosa por parte del Ejército y de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en El Retorno (Guaviare), Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander).
La Defensoría del Pueblo ha encendido alertas rojas sobre las amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y comunidades involucradas en la implementación de programas de erradicación. Se trata de una política de represión contra la protesta social por el incumplimiento de los acuerdos de erradicación voluntaria. La historia es simple: el Gobierno firmó el pacto pero no inició programas de sustitución de cultivos; la gente sale a la carretera, llega la fuerza pública, choca contra los campesinos y en medio del alboroto y los gritos “se dispara y resultan muertos y heridos”.
La política rapaz de la oligarquía colombiana con el apoyo de su brazo paramilitar y del Ejército, con la complicidad y la inacción del propio gobierno de Santos, prosigue su política de despojo y represión a las comunidades campesinas colombianas. Esta situación que se pone en evidencia en los recientes asesinatos y otros anteriores, no es objeto de titulares de los grandes medios de comunicación, ni merece ningún comentario del Secretario de la OEA, Luis Almagro, ni de los gobiernos latinoamericanos o europeos que pontifican sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Expresamos nuestra condena a estos repudiables asesinatos y exigimos que el gobierno uruguayo se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, así como el juicio y castigo de los responsables.
Coordinador Nacional de la Unidad Popular
13 de Octubre de 2017
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¡Fuera las manos imperialistas de Bolivia!
Almagro, enemigo jurado de la autodeterminación de los pueblos, impulsor permanente del golpismo contra Venezuela, ha lanzado ahora su ofensiva mercenaria contra el gobierno que encabeza el presidente Evo Morales y los pueblos de Bolivia.
Pretende enseñar a los pueblos hermanos cómo interpretar su propia legislación y mediante presiones descaradas someterlos al dictado yanqui.
La Unidad Popular rechaza en todos sus términos esta política intervencionista digitada desde el Norte, y reafirma su adhesión al principio de autodeterminación de los pueblos, la “soberanía particular de los pueblos” que es para nosotros, desde tiempos de Artigas, mandato ético e identidad.
La Unidad Popular rechaza también el silencio dubitativo del Partido de Gobierno uruguayo, de cuyo seno surgió Almagro y su camarilla de lacayos.
¡la agresión no pasará!
UNIDAD POPULAR-AP DE URUGUAY
Integrada por: Movimiento 26 de Marzo, Partido Comunista Revolucionario, MODEJU; Pro UNIR, Partido Humanista, Compromiso Socialista, Espacio Federal, Cabildo Abierto Artiguista, POyCU y militantes independientes
11 de octubre 2017
