Ya es sabida la situación socio-económica que atraviesa el mundo por la pandemia del Covid-19, Uruguay no está exento a la pérdida de empleo y a la precarización de la vida en todos los aspectos.
Como trabajadores y trabajadoras responsables de ejecutar las políticas sociales del MIDES observamos con preocupación cómo nuestra sociedad pierde cotidianamente el acceso a los recursos más básicos llevar una vida diga (imposibilidad de sostener un alquiler y de alimentarse cotidianamente).
Recordemos que según el último reporte de FAO del año pasado, nuestro país sufre de inseguridad alimentaria grave en un 6%, y de inseguridad alimentaria moderada en un 23,2%. Es decir, actualmente 3 de cada 10 uruguayos pasa hambre cotidianamente.
Datos alarmantes en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, enmarcando de forma clara que la problemática no refiere a la disponibilidad de alimentos, sino más bien al acceso de los mismos.
Esta coyuntura ha hecho que cada vez más personas acudan a los refugios del PASC-MIDES (Programa de Atención a las Personas en Situación de Calle) en busca de un lugar en donde alimentarse y dormir.
Ante esta realidad el gobierno se planteó cambiar la modalidad de trabajo con dicha población, pasando de centros de 30 personas a colmenas de 20. Lo que parecería ser a simple vista una buena decisión si tomamos en cuenta el hacinamiento que existía, en realidad no lo es, ya que esconde un contexto de vulnerabilidad total, tanto para la población objetivo como les trabajadores.
La realidad en concreto es que se abrieron más centros con los mismos educadores y recortando horas al equipo técnico de los refugios (coordinadoras/es, auxiliar de enfermería, auxiliar de limpieza, psicóloga_/o, trabajador/a social).
Esta decisión no solo expone a les trabajadores de estos dispositivos, ya que le implica más responsabilidades sino que también pone en peligro la atención a dicha población vulnerable.
En definitiva se precariza, desprofesionaliza y desmantela la asistencia de los equipos sociales.
Evaluamos una gran improvisación de los jerarcas del ministerio y un claro objetivo de disminuir la asistencia ya que predomina un recorte de presupuesto tanto para los salarios como para los recursos necesarios para sostener dichos dispositivos (gastos en alimentación, mantenimiento, talleres educativos, etc.)
Prueba de ello es la decisión de no solventar ni siquiera el pan que se consume diariamente en los refugios, ejemplo más que significativo del desinterés y la poca empatía de este gobierno para con las clases populares más afectadas por la pandemia.
Un ministerio que debería preocuparse y ocuparse por paliar los efectos de esta crisis (sanitaria, económica y social) recorta los derechos más básicos de los que menos tienen.
Fernando
