Un programa consecuentemente antioligárquico y antiimperialista
En nuestro país se torna cada vez más necesario para el pueblo de Artigas, levantar un programa de liberación nacional y de profunda justicia social, para resolver el crónico problema de la dependencia que estrangula nuestra economía, atrofia nuestro desarrollo
económico y social en pleno siglo XXI y agrava la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales del país.
Las enormes expectativas de cambio del pueblo uruguayo que alentaron a dejar a los partidos tradicionales de lado y permitieron que el Frente Amplio llegara al gobierno, en tres oportunidades, 2005-2020, se vieron frustradas por el continuismo, o sea por mantener en lo fundamental la política de los gobiernos de los partidos tradicionales.
Se mantuvo la sujeción a la división internacional del trabajo que impone el imperialismo capitalista a través del FMI, BM, etc. Hubo un gran incremento de la deuda pública, de las privatizaciones y de las subvenciones y exenciones a la inversión extranjera, lo que ha provocado serios problemas a la producción nacional, especialmente a los trabajadores y a la pequeña producción agropecuaria e industrial, que dependen principalmente del mercado interno.
Es así que esos años fueron de constante agresión al medioambiente y de apropiación de los recursos naturales por parte de los monopolios forestales y sojeros.
No se cumplieron las promesas de aumentos salariales que recuperaran rápidamente lo perdido en la crisis del 2002, un 40%, recuperación que se logró luego de 10 años y en base a duras luchas sindicales. Esto más la desprotección de la pequeña y mediana producción nacional y la falta de inversiones en la salud, vivienda y educación popular, llevaron a un verdadero desencanto de los sectores populares que buscaron con el FA un cambio en serio en la vida del país. El que no haya podido concretarse esto generó las condiciones para el triunfo de la coalición de las derechas en el 2019.
El gobierno de Lacalle Pou al frente de la coalición, inmediatamente, incluso ya en pandemia, realizó un tremendo ajuste limitando un 15 % la ejecución del presupuesto en gran parte del estado y bajando la reposición de vacantes a uno de cada tres trabajadores. A partir del presupuesto quinquenal y las sucesivas Rendiciones de Cuentas, este ajuste se profundizó favoreciendo las privatizaciones y tercerizaciones en el estado.
La LUC con sus casi 500 artículos fue parte fundamental del embate reaccionario, neoliberal y entreguista, con 120 artículos represivos y punitivos, con limitaciones graves a las libertades sindicales, especialmente prohibiendo las ocupaciones y los piquetes herramientas fundamentales de presión en la lucha reivindicativa y por la defensa de las fuentes de trabajo. Contuvo 80 artículos directamente en contra de la Educación Pública y de la participación de los docentes en sus organismos de dirección. Esta ley fue enfrentada por un Referéndum popular que no logró su objetivo pero que sí logró nada menos que 1.108.360 votos, el 49%.
Para combatir la pandemia este gobierno servil al capital financiero y los monopolios, apoyándose en la mayoría oportunista de la dirección del movimiento sindical, rebajó los salarios por más de tres años. Lo que se perdió, alrededor de un salario mensual y medio, no se recuperó, y la mentada recuperación del nivel salarial del 2019 está por verse, cuando hay 500.000 trabajadores que ganan menos de $25.000, ha crecido el trabajo informal, los jornales solidarios miserables y la desocupación.
Este gobierno continuó y profundizó el proceso de reprimarización de la economía que ya venía incrementándose, dejando al país una grave crisis en la industria nacional. Se instaló UPM 2 con una escandalosa inversión estatal en infraestructura de 4.000 millones de dólares, se extendió a 80 años la concesión de la operativa del movimiento de contenedores a Katoen Natie un monopolio belga, haciéndose cargo el estado del dragado de 57 km por un valor cercano a los 500 millones de dólares.
Ahora se plantean el proyecto Neptuno que es un negociado donde las empresas promotoras ganarían cerca de 600 millones de dólares en 20 años por una obra que quieren imponer para la provisión de agua potable del Río de la Plata tomada desde Arazatí, en contra de la opinión de los científicos, los defensores del medioambiente y los trabajadores de OSE y los productores de la zona.
La Reforma reaccionaria de la Seguridad Social fue otra de las leyes fundamentales que impuso este gobierno, obedeciendo los mandatos del FMI, que aumenta la edad jubilatoria a 65 años, rebajando de hecho la tasa de remplazo, y que extiende las Afap a todas las cajas y a todos los trabajadores, independientemente del monto de su salario. Por ello la Unidad Popular apoyó firmemente y desde su gestación el planteo de Plebiscito que hizo ATSS, el sindicato de los trabajadores del BPS y apoyó el trabajo del Mondess. Ahora el plebiscito por volver la edad de retiro a los 60 años, aumentar las pensiones y jubilaciones mínimas al nivel del Salario Mínimo Nacional, luego de una gran campaña por las 430.000 firmas, está ya aprobado y será una lucha fundamental en estas elecciones de octubre. Sin vacilaciones ¡VOTAMOS SI!
Otra faceta de este gobierno reaccionario es la corrupción en gran escala donde muy seguido aparecen nuevos casos como Marset, Astesiano, varios, ministros, intendentes, etc.
En política internacional este es un gobierno extremadamente alineado a los imperialistas yanquis y a Israel, a pesar que busca el TLC con China, el principal comprador del país, que no denuncia el genocidio en Gaza mientras trata de dictaduras a Cuba y Venezuela mientras avala los bloqueos que sufren nuestros países y pueblos hermanos.
En síntesis, es un gobierno que ha realizado una embestida reaccionaria, que incluso busca hacer retroceder algunas conquistas de la lucha popular en el tema de los derechos humanos, el de la mujer y en la educación con la llamada “transformación educativa.
Ante esta situación hacemos un llamamiento a los trabajadores y el pueblo en general a votar en octubre, donde se elige el parlamento, a la Unidad Popular –Frente de Trabajadores para que recuperar una bancada de la izquierda de lucha consecuente, desde donde enfrentar las políticas de mayor explotación y entrega y desde donde apoyar todas las causas populares en nuestro país y a nivel internacional.
El fundamentalismo de las privatizaciones y la absolutización de las leyes del libre mercado arruinan al país y lo condenan a un estancamiento peligroso, profundizando la concentración de la riqueza y extendiendo la pobreza a niveles muy altos.
Por ello lo que la Unidad Popular propone es un programa que lo presentan auténticos protagonistas de la lucha social y política que se encuentran en los distintos ámbitos de la vida social y política del país y son parte de sus auténticos constructores, en el trabajo, en las profesiones, en la vida educativa, en la ciencia, en la salud, en la lucha por la vivienda, en el campo y en la protección del medio ambiente.
Todo ello es posible resolverlo, sin las ataduras que hoy constriñen la acción del país a una mayor dependencia y explotación social del imperialismo.
Nuestro país no puede resignarse a ser un mandadero de las potencias capitalistas que hoy controlan al mundo, ni tampoco base militar que otorgue servicios a tropas extranjeras; los conceptos de la soberanía y la ligazón con las luchas de los pueblos por un nuevo humanismo revolucionario deben ponerse a la orden del día también en nuestro futuro inmediato.
El programa que hoy ponemos a consideración de nuestro pueblo plantea las medidas de fondo, estructurales e imprescindibles para romper con la dependencia y desarrollar una economía soberana, sustentable y al servicio de las mayorías populares y no al servicio de la gran burguesía y el latifundio, del imperialismo y el capital financiero como viene sucediendo durante décadas en nuestro país.
