Luego de dos reuniones del Consejo Superior de Públicos (para el presupuesto nacional es la negociación del gobierno y los sindicatos del gobierno central, educación y servicios descentralizados no industriales ni comerciales), los sindicatos no acordaron con el gobierno y decidieron pasar a negociar por rama.
Esto implica dividir las luchas y que cada cual haga y consiga lo que pueda. Y eso pasó, por ejemplo COFE pidió no perder salarios y ayuda para acceder a planes de vivienda, los sindicatos de ANEP pidieron aumento salarial (sin especificar, esperando qué lograr del tire y afloje de la negociación) y la Intergremial Universitaria pidió aumento de salario real de 5%.
Durante la negociación por rama, se dieron tres reuniones por cada una y las tres principales (la de COFE, la de ANEP y la de UdelaR) firmaron sendos preacuerdos para bajarlo a sus bases. Y durante ese proceso, lo más destacado fueron las dos movilizaciones al Ministerio de Trabajo de la Intergremial Universitaria, con creciente participación y combatividad, ninguno de los otros sindicatos se movilizó ni adoptó medidas de lucha más allá del paro de 24 hrs del 12 de agosto (cuando previamente sus dirigentes votaron paro parcial en la Mesa Representativa).
El producto de las negociaciones
El denominador común es la duda entre la rebaja y la congelación salarial en base a partidas fijas en cuotas (COFE) o míseros “aumentos salariales” (en ANEP y UdelaR no llegan al 1% del sueldo) sumado a los criterios de ajuste en base al IPC proyectado y el nuevo invento frenteamplista: aplicar la inflación subyacente a los ajustes salariales. Todos los preacuerdos son a dos años.
Los “aumentos” salariales
COFE acordó una partida fija de $1500 en dos cuotas ($750 en 2026 y $750 en 2027), a la ANEP le ofrecen un aumento de 0,6% pero recién para 2027 ($252 nominales en un salario de $42.000) y para la UdelaR se ofrece una partida de $140 millones para aumento salarial (casi 0,7% de aumento de la masa salarial) repartiendo $84millones para docentes y $56millones para no docentes, lo que en un sueldo de $45.000 da un aumento de $315 nominales.
Luego de 5 años de rebaja salarial, estos números son vergonzosamente miserables.
Los ajustes por inflación
Hasta 2026, los ajustes por inflación son una parte de inflación proyectada, es decir la que el gobierno calcula que habrá (casi siempre se queda corto) y un correctivo por inflación pasada si ésta es mayor que la que proyectó el gobierno. Pero en 2027 los correctivos por inflación pasada, serán por “inflación subyacente” o “inflación con exclusiones” (suba de todos los precios menos frutas, verduras y combustible). Este concepto aplicado al ajuste salarial, y dado el bajo poder adquisitivo y las características de la familia obrera, es una rebaja salarial. Los trabajadores gastan gran parte de su sueldo en “inflación subyacente”. Además, para que se aplique el correctivo por inflación de 2027, la diferencia entre la inflación subyacente y la inflación pasada tiene que ser más de 0,5%, eso es así simplemente porque al gobierno se le ocurrió.
¿En qué quedamos?
Con este panorama, el aumento salarial es casi nulo, recién al final del convenio sabremos si estamos ante congelamiento o rebaja salarial, pero por la forma en que se manipula el IPC, cualquiera de las dos hipótesis es plausible. Este escenario es tremendo para los trabajadores mientras el Estado busca hacerles pagar el déficit fiscal. Las tres opciones vistas en los tres preacuerdos son INACEPTABLES.
Al finalizar el plazo para que el gobierno envíe el proyecto de ley de Presupuesto, los sindicatos firmaron los respectivos preacuerdos. La dirección de COFE está buscando ratificarlo a toda costa, en la ANEP todavía no hay una respuesta, en la Universidad UTHC lamentablemente tomó posición de ratificarlo, ADUR se expedirá en su congreso que se celebra el 17 de setiembre y AFFUR no firma, mantiene la negociación abierta y ya se declaró en conflicto y empezará con paros y ocupaciones zonales, además por resolución de una Asamblea General con casi 600 personas, declaró persona no grata al ex rector y actual director de la OPP Rodrigo Arim.
Firmar un acuerdo de este tono sin luchar, es una afrenta a la clase obrera, es festejar desde el movimiento sindical que aceptaron congelarle el salario a la gente, lo cual no sería de sorprender, pues durante el gobierno anterior firmaron la rebaja salarial sin luchar.
El camino es la lucha y la denuncia contra este gobierno neoliberal y continuista de la derecha. El subsecretario de Economía Martín Vallcorba dijo en un comité de base del Frente Amplio, que el programa es impagable, confesando que el FA le mintió al pueblo. El verdadero programa del Frente Amplio es asegurar las jugosas ganancias del sector financiero, del gran latifundio y los monopolios imperialistas instalados en zonas francas, en resumidas cuentas: cuidar a la oligarquía o los “malla oro” de Lacalle.
Hay cosas impagables como la deuda externa, las exoneraciones fiscales basadas en zonas francas o la ley de inversiones, pero el gobierno las paga igual a costa del trabajo, el sacrificio y el hambre de nuestra gente.
El gobierno quiere chantajear con las licencias médicas
El gran chantaje del gobierno, sobre todo para los acuerdos en la educación, es que si los sindicatos firman, no se ingresa al nuevo régimen de certificaciones médicas. Este régimen impuesto por la derecha, que fue denunciado en su momento por COFE, con viajes a la OIT incluido, terminó siendo transado con este gobierno a cambio de algunos días más de licencia sin descuento y la contemplación de algunas enfermedades más.
¿Cómo se llegó a esto? Joselo López, Pablo Elizalde y Alvaro Goichea en nombre de TODO el PIT-CNT acordaron con el gobierno, que el nuevo régimen de certificaciones médicas alcance a todos los funcionarios públicos. Para incluir a los funcionarios de los entes autónomos en el nuevo régimen, se necesitan dos tercios de votos en cada cámara en el Parlamento. Si aparece un acuerdo entre el PIT-CNT y el gobierno, esas mayorías se darán casi automáticamente ya que a los votos del Frente Amplio, se le suman los de la derecha a la cual le encanta votar perjuicios para los trabajadores.
Esta acción de Joselo y sus amigos, fue criticada por los sindicatos de la educación en el Departamento de Públicos del PIT-CNT, se acordó una enmienda, pero el gobierno no la aceptó, por lo tanto para que los trabajadores de la educación no sean perjudicados, el gobierno quiere obligarlos a firmar convenios de congelación o rebaja salarial.
En resumen, no hay que firmar nada, porque firmar es claudicar, hay que denunciar políticamente al gobierno y desatar la lucha para que se meta sus chantajes en donde no le da el sol.
Pablo Hernández
