El domingo 23 de enero salió en los medios la lamentable noticia de que una mujer fue violada por 3 varones, 2 mayores de edad y un menor (hoy sabemos que hay un cuarto hombre involucrado) luego de salir de un boliche.
Como es costumbre, llovieron críticas a la víctima cuestionando la libertad que tenemos las mujeres de vivir libremente nuestra sexualidad, con quién, o quiénes, cómo y cuándo vivirla. La noticia conmocionó a la opinión pública porque desafortunadamente en nuestro país no se conocen o no salen a luz los casos de violación de mujeres, ya sea que no se denuncian por miedo al escarnio social o porque no es noticia para los medios de comunicación, pero existen.
Ese mismo fin de semana hubo 3 casos de mujeres atacadas sexualmente por desconocidos: una mujer de 19, una de 26 y otra de 75 años también fueron violadas por varones que no pertenecían a su círculo familiar.
Por este hecho varias mujeres crearon un grupo de WhatsApp, que fue creciendo con el pasar de los días, que se integró con mujeres de todo el país, de diferentes partidos políticos, colectivos feministas, mujeres autoconvocadas, estudiantes, trabajadoras, sindicalistas, jóvenes, adultas, cooperativistas, mujeres de asentamientos, mujeres activistas, mujeres afro, antiespecistas, mujeres que por primera vez se organizaban con otras y mujeres con años de experiencias, mujeres que fueron víctimas de abusos y violación, mujeres que entendieron que era necesario salir a la calle por este tema en específico y las que sostenemos que hay q estar en la calle todos los días hasta que cambiemos nuestra realidad.
El objetivo era discutir qué se podía hacer para apoyar a la víctima y demostrar cómo este sistema capitalista-imperialista promueve la cultura de la violación a la que somos sometidas todos los días. Esta cultura está tan normalizada en nuestra sociedad que el primer pensamiento que se tiene al saber que una adolescente o mujer es violada es el cuestionar qué hizo, cómo estaba vestida, dónde estaba, si provocó, etc.
Esta cultura se alimenta de nuestra exposición como objetos en los medios masivos y en las redes, de tratar nuestro cuerpo como objeto para dar placer al varón, del trato de la prostitución como “trabajo”, del encubrimiento a las redes de trata y explotación sexual, del trato como incubadora para tener hijos y no como personas con derechos sobre nuestros cuerpos y nuestra vida.
En 3 reuniones por zoom con más 198 participantes varias horas de discusión política, ideológica, filosófica y también con la necesidad de expresar nuestro dolor, nuestro sentir sobre este tema y sobre todos los temas que atraviesan nuestras vidas.
Allí nació la movilización del 28 de enero, concentramos en Plaza Independencia a las 18h, donde también se realizaron intervenciones de diferentes colectivos y marchamos a plaza Libertad, fuimos aproximadamente unas 10.000 mujeres con pañuelos violetas, pancartas, banderas, carteles, etc. Las movilizaciones se multiplicaron concentrando a la misma hora en 13 departamentos y más de 18 localidades del país como Canelones, Paysandú, Salto, Artigas,…, en algunos lugares se cortaron rutas, en otro concentraron en puntos importantes de acuerdo a las posibilidades y características de cada lugar. Se produjeron grandes movidas publicitarias en redes bajo la consigna #QUEARDA, en televisión y radios por todo el país mostrando la necesidad que tenemos las mujeres de organizarnos y tomar las calles por nuestras reivindicaciones más sentidas.
La cultura de la violación como reacción
Cuatro días después de la gran movilización, el periodista Ignacio Álvarez difundió el audio de los videos que uno de los acusados filmó la noche de los hechos, para desarrollar el contenido, entrevistó a un perito forense para que los comente; además difundió mensajes de audio de una fuente que se dedicó a hablar mal de la víctima. Estas acciones tienen como fin desacreditar los dichos de la víctima con el pretexto de “buscar la verdad” pero desde el punto de vista a favor de los acusados.
A raíz de este informe, Fiscalía inició una investigación penal sobre la difusión de audios y videos que fueron divulgados ya que en el artículo 92 de la Ley N°19.580 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO prohíbe difundir, revelar, exhibir y ceder a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin autorización, prohibición que alcanza a sitios web con castigo de 6 meses a 2 años de cárcel.
La justicia, por pedido de la fiscal Alfaro, mandó allanar la casa de Ignacio Álvarez y la radio Azul FM, medida que por razones que nadie aclara se frustró. Esto generó la condena de las más diversas figuras políticas (desde sectores frenteamplistas hasta la derecha y ultra derecha) y la fiscal terminó reconociendo que su pedido de allanamiento fue innecesario ya que el material estuvo accesible al público hasta varios días después.
Esto pone arriba de la mesa que pesa más; la libertad de prensa o el derecho a la intimidad. Sobe todo en un caso que aún no se cierra, cuestionando las relaciones afectivas de la mujer, su sexualidad y su vida. Siempre victimizando a los culpables y reafirmando la existencia de la cultura de la violación tanto así que hoy se habla más de lo que le paso a Alvarez que de las 4 mujeres violadas, que lo único que tenían en común es el ser mujer.
Alejandra
